Ante el aumento de la violencia y la aparición de perfiles delictivos más peligrosos en las cárceles, el colectivo penitenciario reclama urgentemente su reconocimiento legal como agentes de la autoridad. Esta distinción no busca poder desmedido, sino herramientas de trabajo indispensables: otorgaría a los funcionarios la presunción de veracidad en sus denuncias, algo vital en un entorno donde es casi imposible conseguir testigos imparciales.
Además, la medida permitiría tipificar las agresiones físicas como delito de atentado, con penas de prisión que sirvan de disuasión real, y obligaría a la administración a garantizar el principio de indemnidad, cubriendo la defensa jurídica y la responsabilidad civil de los trabajadores que arriesgan su integridad por la seguridad pública